Quick Facts
Biography
Tamara Sujú Roa (Caracas, Venezuela) es una abogada penalista y especialista en derechos humanos venezolana.[1] Graduada en la Universidad Católica Andrés Bello, es la fundadora y directora de diversas organizaciones no gubernamentales, incluyendo la Fundación Nueva Conciencia Nacional, Damas de Blanco de Venezuela, un grupo de esposas, madres e hijas de presos políticos y Fundapresos, una organización de auxilio y asistencia jurídica para presos comunes que trabajó en distintas cárceles de Venezuela entre 2002 y 2006.[2] Actualmente es la directora ejecutiva del observatorio de derechos humanos del Centro de Estudios para América Latina (CASLA), con sede en República Checa, coordinadora internacional de Foro Penal Venezolano y columnista del semanario La Razón en Venezuela.[3][4]
Tamara ha sido acusada por el oficialismo de cometer actos desestabilizadores y ha sido relacionada con ser sobrina del general Oswaldo Sujú, involucrado en el golpe de estado de 2002; Nicolás Maduro declaró cuando era presidente de la Asamblea Nacional que «había traicionado a la patria» y de ser parte de la CIA.[5][6] En agosto de 2014, Tamara solicitó asilo político en Praga después de temer «por su integridad física y libertad». El estatus de protección internacional fue concedido por un período de diez años renovables por el gobierno de República Checa el 24 de noviembre.[2]
La abogada ha recopilando casos de tortura registrados en Venezuela entre 2002 y 2014 y formalizó su denuncia contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional en julio de 2016, cuando presentó ante la Corte un expediente de 65 incidencias. Lo actualizó en mayo de 2017 sumándole otros casos.[7] El 5 de abril de 2017, Sujú fue invitada al InterAmerican Institute for Democracy para narrar los casos de tortura en Venezuela y el expediente del país en la Corte.[8]
El 14 de septiembre de 2017 denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 289 casos de tortura, incluyendo incidentes durante las protestas en Venezuela de 2017 y 192 casos de torturas sexuales, durante la primera audiencia de la organización para analizar crímenes de lesa humanidad en el país.[9]