Carlos Grosso

Carlos Alfredo Grosso (Pampa del Infierno,​​​ 1943) es un político argentino. Fue intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1989 y 1992.

En 1967 entró en la agrupación JAEN (Juventud Argentina para la Emancipación Nacional), pero en marzo de 1970 fue expulsado debido a un enfrentamiento interno con el dirigente Jorge Raventos que lo acusaba de tener un proyecto más socialcristiano que peronista.​

Tras la derrota en las elecciones presidenciales argentinas de 1983, buscó reemplazar parcialmente el tradicional apoyo sindical por agrupaciones locales organizadas en torno a dirigentes comprometidos con un sistema de pertenencia político,​ intentando diversificar socialmente su base electoral.

Paralelamente a Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires y a José Manuel de la Sota en la provincia de Córdoba, Grosso capitalizó la situación y su postura política, llegando a transformarse en uno de los líderes que desplazó a las figuras tradicionales de la estructura partidaria justicialista.​Fue gerente de SOCMA, desde el cual pretendió ganar un mercado electoral con la continuación de la política faraónica del brigadier Cacciatore.​​

Con el triunfo de Carlos Menem en las elecciones internas del justicialismo en 1987, quedó ligado a la ascendente figura del por ese entonces gobernador de la provincia de La Rioja.

Desde 1985, Grosso dirigía la sección porteña del Partido Justicialista, desde la cual coordinaba un aparato de agrupaciones, denominado "El sistema". Con el triunfo de Menem en las elecciones de 1989, fue designado por el presidente electo como intendente de Buenos Aires.

A fines de 2001, tras la renuncia de Fernando de la Rúa, fue designado asesor de gabinete por el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, pero debió renunciar junto con el presidente debido a las protestas populares, expresadas en cacerolazos, en contra del gobierno.

Reciclaje de Puerto Madero

Su gestión se caracterizó principalmente por la urbanización de Puerto Madero, una vieja estructura portuaria en desuso de 170 hectáreas. El 15 de noviembre de 1989, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio del Interior y la Muncipalidad de la Ciudad de Buenos Aires firmaron el acta de constitución de una sociedad anónima denominada "Corporación Antiguo Puerto Madero". Teniendo como objetivo la urbanización del área, los gobiernos de la Nación y de la ciudad participaron como socios igualitarios, convirtiéndolo en un centro de gran expansión comercial, con la incorporación de oficinas y viviendas familiares y el proyecto de construcción de distintos centros culturales, generándose además un nuevo recorrido turístico con identidad propia.

Hasta ese entonces el lugar tenía jurisdicciones superpuestas: la Administración General de Puertos, Ferrocarriles Argentinos y la Junta Nacional de Granos tenían intereses en la zona. El convenio firmado implicó la transferencia de la totalidad de las hectáreas a la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A., en tanto que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA) quedó a cargo de la reglamentación de la normativa de desarrollo urbano. Así, con el asesoramiento del ayuntamiento de Barcelona, comenzaron los estudios del plan de reciclaje, convocándose en 1991 un concurso nacional de ideas para armar el "master plan" del nuevo barrio. De este concurso surgieron dos ganadores cuyas propuestas se fusionaron.

La primera etapa de revitalización de Puerto Madero comenzó en 1991, con el reciclaje de los depósitos con fachada de ladrillo en el "sector oeste" de los diques (el que está pegado a la ciudad tradicional), en los cuales se formó un polo gastronómico de varias cuadras de extensión que se puso rápidamente de moda y fue un éxito.

Puerto Madero se convirtió en un nuevo y moderno barrio de la ciudad, proyecto que mereció cuatro premios internacionales de asociaciones de arquitectos, de turismo y de urbanismo. La remodelación de Puerto Madero, dio lugar a presuntas maniobras ilegales de funcionarios que integraronel círculo íntimo del ex intendente porteño Carlos Grosso.​

Concesión de los Subterráneos

En 1989, Grosso suspende las obras de extensión de la Línea D y decide ceder al Ministerio de Economía de la Nación la operación de la red de subterráneos para incluirlos en el proceso de privatización ferroviaria que emprendería el gobierno nacional. De esta manera, las cinco líneas subterráneas y el Ferrocarril Urquiza quedarían bajo un mismo consorcio empresario.

El Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante el artículo 13 del decreto 2074/90, firmado el 3 de octubre de 1990, la concesión de explotación de los servicios prestados por Subterráneos de Buenos Aires S.E. Mediante este decreto firmado por el presidente Carlos Saúl Menem se concesionarían las líneas de subte y el Premetro por 20 años (prorrogable por períodos sucesivos de 10 años) y, como ya se dijo, el contrato también incluía la operación del Ferrocarril General Urquiza.

Luego de estudiar las distintas ofertas, la operación del servicio fue otorgada al consorcio formado por Benito Roggio e hijos S.A., Cometrans S.A., Burlington Northern RR. Co., Morrison Knudsen Corporation Inc. y S.K.F. SACCIFA., quienes formarían la empresa Metrovías S.A. Por contrato de concesión, la nueva empresa tendría a su cargo diversas obras que superaban la mera explotación y mantenimiento de la red: Metrovías debía encarar la extensión de la Línea E hasta Retiro y la construcción del Taller Central “Mariano Acosta”.

SBA o SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) operaría la red hasta el 31 de diciembre de 1993 y a partir de allí la Sociedad quedaría como una empresa residual, dueña de todas las instalaciones, pero con el único fin de diseñar, licitar y construir las obras de extensión de las líneas existentes y la construcción de nuevas líneas cuya planificación y ejecución estaría a cargo del Gobierno de la Ciudad.

El traspaso efectivo de la red fue hecho el 1° de enero de 1994, cuando la empresa Metrovias S.A. se convirtió en la concesionaria de todas las líneas del Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, el Premetro y el Ferrocarril Urquiza. Sin embargo, esta situación que involucaba al Gobierno de la Ciudad, al Gobierno Nacional y a una empresa privada concesionaria, generaría conflictos de jurisdicción años más tarde.

La "Escuela - Shopping"

El 30 de diciembre de 1990, el entonces Concejo Deliberante porteño aprobó, por mayoría especial de 2/3 de los votos, una ordenanza por la cual se autorizó la construcción de 17 locales comerciales en la planta baja de la Escuela Presidente Mitre, para que la Intendencia los diera en concesión a un privado por 20 años. Como la escuela estaba a una cuadra de la estación ferroviaria de Once, presentaba un gran atractivo comercial. La investigación por la bautizada 'escuela shopping', fue llevada cabo por el diario Página/12. La escuela se había trasladado al primer piso del predio, con aulas casi sin ventanas, falta de patios y otras irregularidades que fueron denunciadas por los padres. La planta baja se había usado para levantar locales comerciales, dados en concesión al empresario Salomón Salem, uno de los imputados en la causa. El 27 de julio de 2001 el fiscal federal Luis Comparatore reclamó el procesamiento del ex intendente Carlos Grosso y del empresario Salomón Salem por el delito de defraudación a la administración pública,

Esta conversión de la planta baja de la escuela había sido elevada por Grosso al Concejo Deliberante, porque este cuerpo tenía la autoridad de aprobar la resolución de un conflicto jurídico, para compensar una deuda que tenía la Municipalidad de Buenos Aires con el empresario responsable del Centro de Abastecimiento Municipal Nº 74 que funcionaba enfrente del colegio.

En su momento, esa concesión provocó un escándalo y varios funcionarios se vieron involucrados en un proceso judicial. Cuando esta norma caducó el 30 de diciembre de 2010, los comerciantes fueron desalojados para construir en ese lugar un Jardín de Infantes.

Demolición del Albergue Warnes

Durante la gestión de Carlos Grosso se definió que este edificio abandonado y ocupado por seiscientas familias sería dinamitadoLa demolición se realizó el 16 de marzo de 1991, el hecho se convirtió en un suceso inédito y espectacular que convocó mucho público. Fue televisado y hasta se instalaron palcos para las autoridades, encabezadas por Carlos Grosso.

La zonificación del predio recién ocurriría algunos años después.

Demolición del Teatro Odeón

El Teatro Odeón fue construido en 1891 por iniciativa del empresario cervecero alemán Emilio Bieckert, en el lote en donde antes había existido el Teatro Edén, y se transformó uno de los teatros más importantes de la ciudad durante el siglo XX. Fue símbolo de la cultura argentina, en el que tuvieronlugar importantes sucesos para el país. En 1985 fue declarado inmueble protegido "por su interés cultural y arquitectónico" según la ley 14.800, de 1959, la cual declara de interés nacional la actividad teatral. Sin embargo esta protección fue revocada por la administración del intendente Carlos Grosso y en 1991 el edificio fue demolido, empleándose el espacio para la construcción de un aparcamiento de vehículos (o "playa de estacionamiento").

Otras Iniciativas

Se instaló el sistema de "padrinazgo" de plazas y paseos a través de empresas privadas que se comprometían a mantener las áreas verdes y su floración. También remodeló integralmente el Centro Cultural Recoleta.

Escándalos

Su corta gestión produciría una serie de transformaciones que caracterizarían durante años la configuración urbana. La Intendencia puso especial énfasis en aquellos sectores de la ciudad que suponían ventajas diferenciales para el desarrollo de los negocios, sin olvidar otros sectores menos favorecidos como las villas de emergencias (escrituración de tierras de la villa 6) y estructuras deficientes (Manzana de San Francisco; conventillos de La Boca; etc.).

Durante su gestión se desarrolló un escándalo con la empresa Manliba, que comenzó a recolectar la basura porteña en 1979; las principales denuncias sobre irregularidades en los contratos aparecieron en 1989, con la llegada a la Municipalidad de Carlos Grosso, quien había sido empleado de Macri. El estudio de Argüello sostiene que, apenas llegó al poder, “el intendente consiguió que se prorrogara el contrato a pesar de los incumplimientos de la empresa en la renovación de la flota de camiones, al cambio del barrido mecánico por el barrido manual con el consecuente y desmesurado incremento de la factura, o lo más oneroso del servicio comparado con el prestado por la empresa Cliba”.​Pero la recolección de la basura no fue el único servicio prestado por los Macri a la Municipalidad. Itron, empresa de Bulgheroni y de la que participaría muchos años después el Grupo Macri, logró alzarse con la contratación de la facturación de ABL y del impuesto automotor. “El contrato era de 10 millones de pesos anuales”, objeciones formuladas por la Auditoría de la Ciudad, entre las que se destaca “un bajo nivel de exigencia técnica, operativa y jurídica para los concesionarios, situación que no fue corregida en las sucesivas negociaciones y prórrogas pactadas”. Finalmente durante la administración de La Rúa fueron rescindidos por el actual Gobierno de la Ciudad. el Estado de la Ciudad de Buenos Aires gasta 30 millones de pesos menos.​ En aquella época, el grupo Macri, dueños de Manliba en asociación con una empresa norteamericana, que en virtud de los acuerdos para la recolección de residuos denunciados como irregulares en más de una oportunidad se convirtió en la principal contratista de la administración grossista.​Recién para 1997, con Grosso fuera del poder, se renegoció el millonario contrato de residuos, dejó afuera a Manliba y ahorró 50 millones de pesos.​

Sin embargo, las privatizaciones y la falta de control en la relación público-privado, llevaron a que su gobierno quedara identificado con la corrupción.

Uno de los casos más importantes, que también involucró al concejal Jorge Castells, fue el de la concesión mediante licitación de la explotación del Campo Municipal de Golf y del Velódromo de Buenos Aires a la empresa Asesores Empresarios S.A., considerada una empresa fantasma cuyos socios estaban vinculados al Secretario General de la Presidencia Alberto Kohan.​​

Dada una situación de fuertes cuestionamientos, reclamos y denuncias por su manejo de la gestión municipal, Grosso se vio obligado a renunciar en octubre de 1992. Se le iniciaron muchas denuncias y causas judiciales por supuestos abusos y desmanejos dentro de su accionar como funcionario público. Las causas acumuladas contra Grosso incluyeron cargos de asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito. Finalmente las causas judiciales fueron archivadas y desestimadas por falta de mérito, o bien recibieron sentencias absolutorias, sin embargo, esta serie de escándalos acabó con su carrera política.

En el año 2002 fue detenido, por orden del juez de instrucción Eliseo Otero. Grosso fue alojado en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería Nacional, junto al ex secretario de Seguridad de Fernando de la Rúa y político radical, Enrique Mathov por la causa iniciada en 1992 por la concesión irregular del Complejo Golf-Velódromo.

Al promediar 1993, Grosso comienza a ser citado por distintos juzgados de instrucción, en los que debe explicar su sospechada actuación en algunas licitaciones de obras públicas en la ciudad como, entre otras, la llamada Escuela Shopping, en la zona de Once, y la construcción de un complejo en las instalaciones del velódromo y el golf.​ En octubre de 1992, se tuvo que ir luego de una interpelación en el Concejo Deliberante, una semana después de haber sorteado sin aparentes dificultades un larga interpelación en el Concejo Deliberante porteño, Carlos Grosso presentan su renuncia indeclinable al cargo En el recinto del Concejo Deliberante, Grossoreconoció un déficit municipal de 186 millones de dólares. La cifra minimizó los 260 que la Intendencia había admitido oficialmente tiempo antes de la sesión. Tras la caída de Grosso, la Municipalidad manejó cifras que elevaron mágicamente el déficit a 360 millones de dólares llegando a denunciarse incluso un déficit de 700 millones.​

Fue investigado y apresado por la causa por irregularidades en la licitación del complejo Golf-Velódromo de Palermo, en 2002 los camaristas Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo lo responsabilizaron por asociación ilícita, en agosto de ese año el fiscal Pablo Lanusse pidió su detención. Según el fallo se demostró que: "El aporte probatorio arroja un cúmulo de presunciones graves, precisas y concordantes que permiten fundadamente sostener la conformación desde la gestión municipal de Grosso de una unidad corporativa donde con la concurrencia de otros funcionarios del más alto nivel de ese Estado se ideaban cursos de conducta tendientes a despatrimonializar al erario, violando las normas que regían los procesos administrativos para la concesión de bienes y su exportación, sin trepidar en cometer otros (hechos) ilícitos", la causa se originó a raíz de una denuncia del entonces concejal Aníbal Ibarra, que en 1991 presentó la denuncia por irregularidades en la licitación del complejo Golf- Velódromo.​

Además de su tarea política, Grosso fue profesor en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Católica de esa ciudad.

Entre 1976 y 1983 se dedicó a la actividad privada en donde desarrolló diversas tareas en distintos grupos empresarios; destacándose que entre 1978 y 1983 se desempeñó en el Grupo Socma, en el que llegó a ser su CEO durante tres años. Gerente de Socma, la sociedad de la familia Macri, en los setenta. Joven mimado de Franco Macri. Como Intendente porteño fue blanco de las denuncias de corrupción en el menemismo.​

A posteriori de su renuncia como intendente se alejó de la actividad política y pasó a desempeñarse nuevamente en la actividad privada asesorando a diversos grupos empresarios en Argentina, Brasil y España.

En 2003 Carlos Grosso fue parte del armado de la campaña a jefe de gobierno, que recurrió a exfuncionarios y amigos del ex intendente para el armado de su candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, junto con Juan Pablo Schiavi, al que conoció a principios de los ‘90, cuando era subsecretario de Mantenimiento y Servicios de la Municipalidad y había que negociar con Manliba los provechosos contratos de la basura. ​

• Abós, Álvaro (1986). El Posperonismo. Buenos Aires: Editorial Legasa. . 
• Levitsky, Steven (2003). Transforming Labor-Based Parties in Latin America: Argentine Peronism in Comparative Perspective. New York: Cambridge University Press. . 
• Levitsky, Steven (2006). «From Labor Politics to Machine Politics». Latin American Research Review 38 (3).